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La obsesión argentina por ser “un país normal”

Ignacio de los ReyesBBC Mundo, Buenos Aires _ 3 marzo 2015

Fans argentinos
¿Se sienten los argentinos a la vez el mejor y el peor país del mundo?

“¡Esto en un país normal no pasa!”, “¿Por qué no podemos ser un país normal?” “La Argentina tiene que volver a ser un país normal”…Se escucha en las calles, en las reuniones de amigos, en los medios de comunicación y en los discursos de los políticos.

A este corresponsal, al que antes de aterrizar en Buenos Aires tanto le habían hablado de la arrogancia y aires de superioridad de los argentinos, siempre le extrañó por qué los argentinos parecen tener tan claro que no viven en “un país normal”, como si más que arrogancia llevaran a cuestas la cruz de una supuesta decadencia.

Esta obsesión con la normalidad resurge cada vez que hay una noticia que sacude a la sociedad, como la reciente muerte del fiscal Alberto Nisman, que todavía está envuelta en misterio.

Pero la recurrente frase de “esto en un país normal no pasa” se puede oír también cuando se corta la luz, cuando fallan los teléfonos o cuando la carretera queda cortada por una protesta.

¿Pero por qué exactamente se sienten tan “anormales” los argentinos?

Según Alejandro Grimson, autor de Mitomanías Argentinas, el local tiende a interpretar la historia de su país como la de una nación que pasó de ser una gran potencia de glorioso destino a ser un absoluto desastre.

“En el imaginario se ve a la Argentina de finales del siglo XIX y principios del XX como un país europeo ubicado en un lugar equivocado, con la idea de que es una gran potencia mundial, el granero del mundo.

“En aquella época eso era muy discutido, pero 100 años después se tiene a ese país totalmente idealizado, como si hace un siglo la Argentina hubiese sido totalmente maravillosa”, le explica Grimson a BBC Mundo.

“Algunos dirían que Argentina fue una potencia a principios del siglo XX, otros que lo fue en los años del peronismo (años 50), pero todos parecen coincidir en que ahora el país vive en una permanente crisis”, cuenta el doctor en antropología en la Universidad Nacional de San Martín.

Luis García Fanlo, profesor de Sociología de la argentinidad en la Universidad de Buenos Aires, asegura que la obsesión con ser normal tiene que ver con la construcción misma de la nación argentina “frente a la gran inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX”.

“El Estado implementó una serie de dispositivos patrióticos y un discurso sobre el argentino normal, buen argentino, argentino sano, basado en el positivismo médico y el darwinismo social de la época”, le dice a BBC Mundo.

“Un argentino normal era quien adhería a la cultura del trabajo, no se metía en política y profesaba sentimientos patrióticos y de sumisión ante el orden social.

“Según el discurso de la clase dominante, fue primero el anarquismo, luego el Yrigoyenismo (por la presidencia de Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical) y finalmente el peronismo los que degradaron al buen argentino, generando un país ‘anormal’. Estos discursos se reprodujeron en el teatro, el cine, la TV, la literatura, la historieta, los diarios… hasta convertirse en el sentir común”, añade.

Lea también: Argentina, bicentenario de una patria contradictoria

¿Qué es lo normal?

“Un país normal! Binner es el cambio!”

Los políticos también suelen hacer referencia al “país normal” en sus discursos y campañas.

Sin embargo, todos los países parecen sentirse únicos en sus conflictos. De algún modo, todos son un poco anormales.

En mi país de origen, España, muchos no entienden que con el paso de los siglos se siga discutiendo sobre las lenguas, territorios e identidades de cada región.

Cuando estudiaba en Bélgica, a nadie le parecía razonable que su país pudiera pasarse meses sin tener gobierno por la falta de acuerdo de sus partidos.

En Estados Unidos no se entendía cómo una potencia mundial podía caer en el cierre de oficinas federales, con miles de funcionarios sin trabajar, por falta de acuerdos políticos.

Y viviendo en México escuchaba con frecuencia aquello de que el surrealismo se inventó en su país.

Pero entonces, ¿cómo es la normalidad a la que aspiran los argentinos?

“El modelo era Estados Unidos para Justo José de Urquiza o Domingo F. Sarmiento (expresidentes durante el siglo XIX) y una simbiosis entre Inglaterra, Francia y Alemania para los positivistas oligárquicos de la época del centenario de la Revolución de Mayo (1910)”, explica García Fanlo.

“Pero en décadas siguientes los nacionalismos de derecha y los populismos radical y peronista, así como los militares, propugnaron que había que encontrar un modelo argentino propio sin ningún tipo de injerencia extranjera. Combinar las tradiciones con el desarrollismo, una modernidad conservadora auténticamente argentina”, añade.

“¿Por qué no se alcanzó ese país normal? Para unos por el populismo, para otros por la izquierda revolucionaria, para otros por el imperialismo, para otros por las dictaduras militares o el peronismo; en general, por existir una conspiración internacional para evitar que los argentinos tengamos un destino de grandeza”, según García Fanlo.

Vea: Cómo son (o dicen que son) los argentinos

El ideal de lo normal

 

Juan Domingo Peron
Para algunos, la “decadencia” de la potencia sudamericana llegó con Perón; para otros, él fue quien impulsó hacia adelante a Argentina.

Hoy en día, apunta Grimson, muchos argentinos siguen mirando a EE.UU. y, sobre todo, a Europa.

“Pero con un problema: la Europa que ellos imaginan es un lugar idealizado, donde a los mismos europeos les gustaría vivir. No es real”, aclara.

“Es algo que vemos habitualmente en sociología: se anulan todos los problemas del otro, dejando solo los aspectos positivos, y se idealiza. Pero eso no sirve para un país, porque todos los países tienen problemas”.

Los argentinos se refieren habitualmente a sí mismos como un pueblo que vive de crisis en crisis, con una capacidad de adaptación infinita.

Acostumbrados a quedarse al borde del abismo por las sacudidas económicas y la inestabilidad política de las últimas décadas, pero sin llegar a dar el paso al vacío.

La normalidad que muchos añoran podría interpretarse, entonces, como ansias de estabilidad.

“Este es un país estresante”, señala Alejandro Grimson.

“Lo es en términos económicos y políticos, porque es un país vertiginoso: los tiempos políticos son cortos cuando se la compara con otros países de la región y no hay continuidad política. Hasta los medios construyen la creencia de que cada diez años llega una crisis al país”, dice.

Vea también: ¿Qué significa ser Gardel?

“Anormales, pero orgullosos”

 

Manos pintadas con la bandera de argentina, formando un corazón
Los argentinos quieren ser normales, pero no es tan sencillo, dicen los sociólogos.

Cualquier extranjero en Argentina aprenderá en cuestión de días que en pocos lugares hay tanta gente dispuesta a hablar mal de su propio país… y a su vez, tanta gente dispuesta a exclamar que como Argentina no hay otra en el mundo.

Como el vino, el fútbol o la carne argentina no hay dos, dirán. Pero ningún país tiene tantos políticos corruptos y “vivos” como éste, o tantos “chorros” (ladrones), argumentarán.

Los argentinos se quejan a menudo de vivir en “un país de m…”, pero a la vez dicen convencidos que es mejor que cualquiera de sus vecinos (“¡Si vas a las cataratas de Iguazú, mucho mejor del lado argentino!”).

Nunca me imaginé que tendría la experiencia de vivir en el mejor y en el peor país del mundo al mismo tiempo.

“Hay una contradicción que es que por un lado el resto del mundo está convencido de que los argentinos somos soberbios, pedantes, arrogantes, insoportablemente creídos… y que los argentinos dentro de la Argentina nos la pasamos hablando pestes de nuestro país”, dice Grimson.

Y al mismo tiempo, dice, “todavía existe esa obsesión con ser los mejores, los campeones del mundo. Y esa es una trampa para la posibilidad de ser un país normal”.

“Nos impusieron que teníamos que ser normales y a la vez nos dicen que no lo somos. Nos dicen que tenemos un destino de grandeza y a la vez que cada vez estamos peor”, argumenta García Fanlo.

“La combinación entre la frustración por lo que deberíamos ser pero nunca llegamos a ser y esa idea de la conspiración internacional –explica– dan como resultado algunos de esos estereotipos”.

Será que al fin y al cabo, como dice el sociólogo, “es difícil ser argentino”.

FUENTE: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/03/150211_fooc_argentina_obsesion_pais_normal_irm

Quizá faltó remarcar que Argentina es el “País de las estancias”que define en gran medida su economía y parte de su forma de ser, así como las implicaciones con su futuro.

Subrayar lo de pedante y arrogante hasta el extremo de querer huir cada vez que escuchas a un Argentino, con ellos no se puede conversar en condiciones de igualdad, porque siempre te miran de arriba.

Un buen boceto sobre la idiosincracia de nuestros vecinos que nos llaman despectivamente “bolitas”. ^_^ Xel

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Nacionalizar la privatizada agua de Chile

Estados Unidos nacionaliza gigantes inmobiliarios y bancarios; Argentina proyecta nacionalizar los fondos de pensiones y en Chile, luego de inhabilitar la discusión sobre nacionalizar el transporte “público” y reprimir el debate en torno al derecho a una educación pública, pareciera emerger, aunque opacada por la invisibilización mediática, la cuestión de si las aguas son o no “un bien nacional de uso público”, como lo define la ley. En los títulos de propiedad y en los hechos, se constata lo contrario.
Al día siguiente del lunes 29 de septiembre en que se presentó un proyecto de reforma a la Constitución chilena para que proteja y garantice la función social del agua, la prensa escrita nada informó. Esto ocurría el mismo mes que se tramitaba el primero de los Estudios de Impacto Ambiental de las mega eléctricas Hidroaysén, mientras las palabras del obispo Luis Infanti, de Aysén, aún sugerían nacionalizar las aguas. No deja de ser curioso que nada se diga sobre un proyecto de reforma  constitucional y sobre algo tan importante como el agua. En rigor, sólo una carilla de La Nación y un párrafo en el Diario Financiero dieron cuenta de la presentación del proyecto, poco antes que comenzaran a desplomarse los mercados globales y Washington entregara miles de millones de dólares para el salvataje de las corporaciones en quiebra. ¿Washington? ¿Salvataje? ¿Millones de dólares? Se entiende que si el Estado compra, entonces nacionaliza.
Mientras el neoliberalismo agoniza, en Chile, su país supermercado, los clientes ciudadanos comienzan a preguntarse por qué tanto alboroto por el agua, cuando la hoy “superada crisis energética” generó un alza del 40% en la tarifa eléctrica durante el último año. Quizá se pregunten ¿Por qué la luz y el agua aumentan su costo si ha llovido tanto?
Algunas respuestas sobre las causas legales y los intereses vigentes en el actual estado de cosas, donde las noticias que contienen conceptos como nacionalizar son omitidas por la prensa, al servicio de quienes engrosan sus millonarias arcas corporativas construyendo centrales hidroeléctricas “de pasada”, pero que además especulan con las aguas de Chile como un mercado “de y a la pasada”. Es decir, por el cual pasan mientras las condiciones de riesgo para su inversión sean mínimas, y “a la pasada”, pues es fácil entrar a un mercado donde la legislación está al servicio de las grandes corporaciones en detrimento de los ciudadanos.

DEL PRIVATIZAR AL NACIONALIZAR 
El proyecto de nacionalización del agua presentado por el “Frente Amplio por la Repatriación del Agua en Chile”, no busca la transformación del Código de Aguas, sino  la reforma constitucional y atiende a una fórmula ya probada. La misma que utilizó Salvador Allende para nacionalizar el cobre en el proyecto presentado en julio de 1971: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las covaderas…”; el mismo párrafo pero ahora con el agua.
El marco regulatorio vigente para las aguas se configura tanto por la Carta Magna como por el Código de Aguas, ambos promulgados a inicios de los 80.
La Constitución, en el inciso 11º del numeral 24 del artículo 19, establece el carácter privado que se otorga a las aguas chilenas, pues “los derechos de los particulares sobre las aguas (…), otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
El Código de Aguas define al vital recurso como -Art. 5.- “bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas…  Art. 6. Derecho de aprovechamiento es un derecho real (…) sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas…”
Es decir las aguas son de todos, pero sólo las pueden usar unos pocos. Si bien se la define como un derecho social –bien nacional de uso público- sólo algunos tienen un derecho real sobre ella. Derecho transable que canaliza el agua desde un derecho social hacia decantar o derramarse como mercancía. Es importante señalar que el Código de Aguas de la dictadura, eliminó un elemento esencial de las legislaciones hídricas comparadas, cual es que todo derecho de aprovechamiento debe tener un uso efectivo y beneficioso, como consignaba la legislación anterior. Dicha transformación permite la apropiación de derechos de agua con el único objetivo de la acumulación y especulación con el recurso, sin otorgarse derechos con una función determinada, y dejando en manos privadas la planificación para un uso sustentable del recurso agua.
La disposición entonces del marco regulatorio general otorga preeminencia a los usos privados del agua por sobre su función social. Ahora, el carácter secundario de dicha función social instituye otra anomalía jurídica de las leyes del chicagopinochetismo en su larga lista de ilegalidades frente al derecho internacional. Según el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, en inglés) ratificado por Chile, y que a fines de 2002 integró un Comentario General sobre el derecho al agua; ésta es reconocida explícitamente como un derecho humano fundamental, viéndose obligados los firmantes –Chile entre 145 países- a asegurar progresivamente el acceso de todos al agua potable segura, de forma equitativa y sin discriminación. El Comentario pareciera apuntar directo al Código de Aguas chileno pues afirma que “el agua debe ser considerada un bien social y cultural y no un producto básico de carácter económico”, que en Chile transan las grandes corporaciones, financiadas por el pago cautivo de los millones de usuarios de agua potable e hidrolectricidad.
Siguiendo con el Código de Aguas, el Art. 4 señala que “atendida su naturaleza, las aguas son muebles, pero destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble se reputan inmuebles”. Es decir que las aguas son bienes movibles, comerciables, autónomos e independientes, separables de la tierra que irrigan y por tanto de la sociedad que hidratan.
Ante ello la iniciativa legal se propone establecer  prioridades de uso de las aguas, sin arriesgar, no obstante, que es lo primero: ¿el derecho humano y su función social o el bien mueble como mercancía? Lo único cierto es que la ley vigente protege esta última concepción.
Finalmente, otro elemento inédito en la legalidad hídrica comparada es que en Chile se diferencia entre los derechos de agua consuntivos, es decir, que se pueden consumir totalmente, y los no consuntivos, que luego de aprovechar las aguas, éstas han de ser devueltas según estipule la constitución del derecho. Esta rareza legal se debería, como plantea Guido Guirardi en la presentación del proyecto de reforma constitucional, a que los derechos no consuntivos “fueron pensados y creados casi exclusivamente para generación hidroeléctrica”. Dicho distingo jurídico podría sustentar lucrativos mecanismos de especulación financiera con un bien de primera necesidad; si no, sólo preguntémosnos ¿Cuál es el capital de las empresas sanitarias privadas, fuera de su infraestructura de distribución y tratamiento de las aguas? Su capital es justamente esta última: la propiedad “real” de las aguas; la capacidad de ejercer a voluntad el derecho absoluto de aprovechamiento de las aguas. Eso es lo que constituye el valor de cambio de una empresa, su valor bursátil y por ello la especulación en torno a cuánto vale cada acción de una empresa, que podría tasarse por la cantidad de derechos de agua que ella posee.
En resumen, la legislación chilena configura un régimen jurídico hídrico inédito en el mundo, que mercantiliza las aguas, sin priorizar su función social. Éstas, por ser un derecho humano, generan incompatibilidad de derechos entre el marco jurídico nacional y los convenios internacionales ratificados por Chile. Por ello se presenta la iniciativa de reforma constitucional que establece la propiedad estatal sobre el agua, pudiendo ser bien expropiable, en orden al cumplimiento de ciertas funciones prioritarias, para las cuales se debe el recurso. Cabe preguntarse cuál será el destino del proyecto en un país donde la estatización es vocablo prohibido y sus promotores son considerados por la prensa oligopólica como un grupúsculo de “extremistas  ideologizados”.
DUOPOLIO, USOS Y USUARIOS
El agua más  que un “bien nacional de uso público”, pareciera ser un “bien de uso privado” debido a la distribución de la propiedad del recurso.
Actualmente un tercio de los derechos de agua no consuntivos de Chile son propiedad de transnacionales. La demanda total del sector hidroeléctrico corresponde a un 68% de dichos derechos -23% del total-. Según estiman las proyecciones del gobierno y las empresas que representan, dicha cifra se más que triplicaría en un cuarto de siglo, pasando las generadoras a controlar el uso de más de un 80% del agua no consumible.
Un  tercio de aguas no consuntivas es propiedad de las transnacionales ENDESA y AES, un 12% se reparte entre 7 propietarios, de lo cuales el más grande es Colbún. Es necesario, no obstante, atender un aspecto muy relevante de los datos utilizados, pues estos adolecen de un gigantesco margen desconocido; si atendemos a la tabla de los principales usuarios del agua a nivel nacional, basada en datos de la Dirección General de Aguas, DGA, encontramos que más de la mitad de los derechos asignados corresponden al misterioso “otros”. ¿Quiénes son esos “otros”? ¿Por qué y para qué tienen aquellos derechos? Seguramente habría que rastrear empresas dedicadas específicamente a la tramitación de los derechos de agua, “pequeños” especuladores que luego venden los derechos a los reales interesados, como las generadoras.
Este escenario de la propiedad hídrica pareciera entonces un duopolio en pleno proceso de expansión y conquista de nuevos recursos. La ingente cantidad de proyectos hidroeléctricos da cuenta del proceso, que más que poner fin a la crisis energética –no diversifica la matriz sino la deja a merced del régimen pluvial- tiene como objetivo la apropiación del agua. Prueba de ello son las onerosas patentes pagadas por no uso de los derechos de agua y los procesos enfrentados por ENDESA y AES en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia debido a prácticas monopólicas. Nuevamente los dos gigantes contribuyen con cerca del 30% de todas las patentes pagadas por no uso, mientras los misteriosos “otros” suman un 34.2% de los pagos. ¿Para qué quieren el agua si no la usan? ¿Para futuros proyectos o para futuros compradores?
ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN: HISTERIA ENERGÉTICA
La “crisis energética” es una determinante global relacionada con la disponibilidad de recursos energéticos. Desde la década de 1970, un mundo movido por la fuerza del petróleo asumió la finitud del recurso fósil y comenzó a buscar alternativas para diversificar dicha matriz mono energética; de inmediato la fuerza del agua se proyectó como una interesante opción.
Que en Chile se estén desarrollando una multitud de proyectos hidroeléctricos tiene que ver tanto con el régimen jurídico y la configuración de la propiedad hídrica corporativa, como con la permisividad gubernamental en la entrega de aquellos derechos y permisos para la construcción de centrales y la aprobación ciudadana y oficial, motivada por cierto imaginario social del pánico que genera la “crisis energética”.
Como ha sostenido El Ciudadano, Chile no enfrenta una “crisis energética”, sino la crisis de una política energética anémica, presionada por el incontrolable crecimiento de la demanda eléctrica de la minería cuprífera en progresiva expansión. Se genera entonces una “histeria energética”, que pretende sembrar el pánico mediante el fantasma del racionamiento.
Para generar la histeria energética se ha desplegado una grosera estrategia de propaganda durante los últimos años; grosera, pues los recursos públicos están al servicio de intereses corporativos; pues para este año 2008, si bien las distribuidoras eléctricas “premiaban” a los clientes que ahorraban dejando de percibir algunos pesos por cuenta de luz, tanto la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, como la Comisión Nacional de Energía, CNE, financiaron e implementaron la campaña de propaganda para el ahorro energético.
Las causas que motivaban el “ahorro energético” eran el poco gas natural que llegaba de allende la cordillera y el precio del crudo elevado a las nubes. Por su parte, las empresas eléctricas anunciaban pérdidas o, técnicamente, “desembolso adicional”, pero a los pocos días y con superávit pluvial, los mismos matutinos establecían que las generadoras duplicaban sus utilidades respecto del primer semestre del año 2007. La pregunta es entonces: ¿el alza en el costo del petróleo provoca que las empresas pierdan dinero, o dejen de ganar?

La histeria energética es entonces una estrategia mediática desplegada para que el duopolio continúe apropiándose y acumulando los derechos de agua bajo el pretexto de la “crisis energética”, cuando concentrarse en la hidroelectricidad no es diversificar la matriz. Y mientras diversas autoridades de gobierno han definido que la “crisis” ya ha sido superada, e, incluso, como advirtió Felipe Cerón, gerente general de AES en Chile, tanto proyecto hidroeléctrico genera “el riesgo de sobreoferta energética en el largo plazo”, es decir, queremos un mercado, pero donde sólo estemos nosotros.
SE HACEN RICOS CON TU CUENTA DE LUZ Y AGUA
El agua es un recurso estratégico, un derecho humano y en Chile una mercancía transable. Es por lo último que el obispo Infanti denunció el inmoral trato que en nuestro país se da al vital recurso. “En el reino de las aguas puras y cristalinas, de las nieves eternas, de las cascadas de gracia, de los ríos majestuosos, como es Aysén, en que se puede tomar el agua más pura del planeta y gratis, el agua embotellada es más cara que la gasolina, que la leche, que un kilo de pan”.
El problema entonces va mucho más allá de la hidroelectricidad, pero en gran medida las transnacionales del agua –sanitarias y eléctricas-limitan el acceso de los chilenos al agua, por un criterio económico, pues las utilidades de las empresas están en directa relación con el cobro a los usuarios. Como planteó Jaime Urrutia, de la Coordinadora Ciudadana de los Ríos del Maipo, que tiene detenida a la norteamericana AES Gener y su mega proyecto Alto Maipo hace ya un año, “ENDESA, AES Gener y Aguas Andinas se hacen ricos con tu cuenta de luz y de agua”.
La proyección sobre el futuro coste del agua es materia de especuladores y, seguramente, tasará el valor bursátil –si no lo hace ya- de las empresas que monopolizan el recurso. Es por ello que se despliega la “histeria energética”: para apropiarse del agua, pues el principio de la acumulación de “capital-agua” correspondería al objetivo actual de las empresas generadoras y las patentes por no uso son prueba de ello.
Finalmente, una nueva histeria emergerá en torno a la discusión sobre la nacionalización o estatización, que tanto rechazan ciertos grupos de interés en Chile. La hidroelectricidad es un lucrativo negocio generado por un régimen jurídico que mercantiliza el recurso hídrico, y está al servicio del poder corporativo, que no quisiera le cerraran las puertas de este supermercado llamado Chile, donde las transnacionales están sólo “de pasada”, pues este desregulado país les queda “a la pasada”.

Por Juan Pablo Caldichoury

FUENTE: http://www.elciudadano.cl/2008/12/01/4625/nacionalizar-la-trasnacional-agua-de-chile/

Queda claro que es el uso industrial (mineria, agricultura a gran escala) del agua quienes consumen la mayor cantidad de agua dulce.  Queda claro que los recursos hídricos de Chile esta en manos de un grupo empresarial con intereses privados. Queda claro que la lucha por tener acceso al agua como un derecho público para todos es materia pendiente y posíblemente una fuente de futuras movilizaciones sociales que cambien las reglas del juego (constitución) en Chile.

Mientras, por estos lados, los empresarios locales que hacen negocio con el agua procesada siguen haciendo de las suyas en todo el territorio nacional.  El problema de falta de agua se notará poco a poco y cuando el racionamiento de agua sea tan agudo en nuestras ciudades, recién se destapará el turbio negocio en la explotación del agua para hacer un negocio privado.  Sin ir muy lejos, hay Cooperativas de agua que de hecho ya están haciendo un negocio privado con un bien público. De que tamaño es ese negocio? A donde van a parar esas ganancias? Existe una mafia entre Sindicato de Trabajadores y Ejecutivos “de los servicios públicos” al interior de cada Cooperativa?  Y una pregunta final: Cuando retorne un Gobierno Neoliberal, privatizará el agua, igual que en Chile? Son preguntas todavía sin respuesta. Xel

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El exgobernador Rubén Costas será citado por la Fiscalía a declarar por el caso Terrorismo

El Fiscal General del Estado explicó que Costas será convocado por una comisión de seis fiscales que investigan el caso ‘Terrorismo II’, una vez que concluyan audiencias en la ciudad de Santa Cruz.

Implicado. Costas cuando ejercía el cargo de gobernador. Foto: La Razón-archivo

Implicado. Costas cuando ejercía el cargo de gobernador. Foto: La Razón-archivo

La Razón Digital / ABI / Piñami, Bolivia

16:04 / 26 de febrero de 2015

El exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, será citado a prestar declaraciones en el marco del caso Terrorismo, informó hoy el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero. La exautoridad fue implicado por los sentenciados Mario Tadic y Elöd Tóásó que lo vincularon con el supuesto terrorista Eduardo Rózsa Flores victimado en 2009.

“Se va convocar tanto al señor Rubén Costas como otras personas que están siendo implicadas en este tema”, dijo Guerrero.

Según Guerrero, Costas será citado porque dos sentenciados del caso denominado Terrorismo I, el boliviano-croata Tadic y el húngaro Tóásó, revelaron su supuesta implicación en los hechos.

Ambos declararon, por separado, que Costas contrató en 2009 al líder de la célula terrorista, Eduardo Rózsa Flores, para conformar un grupo de mercenarios con la misión de dividir al país.

En ese contexto, Guerrero explicó que Costas será convocado por una comisión de seis fiscales que investigan el caso llamado Terrorismo II, una vez que audiencias efectuadas por el primer proceso terminen esta semana en la ciudad de Santa Cruz.

El caso Terrorismo I se investiga desde abril de 2009, después que la Policía desarticuló una célula terrorista en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, que estaba liderada por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa.

Rózsa Flores había conformado una agrupación de mercenarios extranjeros financiados desde Bolivia para ejecutar acciones terroristas y secesionistas destinadas a desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales.

Los hechos hicieron que se abra un primer proceso penal el 1 de octubre de 2012 con 30 implicados en los hechos materiales del caso y 17 personas declaradas rebeldes.

La pasada semana fueron sentenciados Ignacio Villa Vargas (alias El Viejo), a Juan Kudelka, a boliviano-croata, Mario Tadic y al húngaro Elöd Tóásó, porque admitieron su participación en el movimiento separatista liderado por Rózsa.

Sin embargo, el Ministerio Público sigue desde el 21 de julio de 2011 un proceso paralelo, llamado Terrorismo II, para determinar que personas e instituciones financiaron la conformación del grupo irregular liderado por Rózsa.

La indagación comenzó con una lista de 35 sospechosos de cometer delitos de organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas, entre ellos varias autoridades y legisladores e incluso ejecutivos de entidades privadas de Santa Cruz.

FUENTE: http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/exgobernador-Ruben-Costas-Fiscalia-Terrorismo_0_2224577609.html

Veremos como avanza este proceso que pudo dividir a Bolivia y alterar los profundos cambios que hoy estamos experimentando.  No es poca cosa lo que estuvo en juego y uno de los principales protagonistas de esos días tenebrosos es precísamente el ex Gobernador de Santa Cruz.

Seguiremos informando. Xel

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“¿Por qué EE.UU. envía tropas a Perú?”

 

La reciente autorización que ha concedido Perú a la entrada en el país de miles de soldados estadounidenses con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, es una expresión de la estrategia continental de dominación de EE.UU., opina un autor del portal Rebelión.

La agresividad imperialista de EE.UU. contra los países de América Latina se manifiesta de manera constante, denuncia Gustavo Espinoza M. en su artículo publicado por el portal Rebelión. En Perú, actualmente se concreta el autorizado ingreso de unos 4.000 soldados de EE.UU. bajo el pretexto de “combatir el narcotráfico y el terrorismo”.

Lea también: “Más misiones en más naciones”: La guerra global secreta de EE.UU. en 150 países

Según la información del autor, dos contingentes militares de EE.UU. llegaron a Perú el 1 y el 15 de febrero, integrados por 58 y 67 soldados respectivamente. Ambos permanecerán en el país sudamericano hasta febrero del 2016 y su objetivo consiste en “entrenar a los institutos armados peruanos en el cumplimiento de operaciones especiales”.

“Probablemente, Afganistán o Irak, han acrecentado tanto el bagaje militar del Ejército yanqui, que considera su deber compartirlo con sus hermanos latinoamericanos con la idea de extender hasta aquí prisiones clandestinas como las de Bagdad o Guantánamo, en las que la tortura y la muerte constituyen el pan del día”, denuncia Espinoza.

Lea también: Exagente de la CIA: “La tortura es la política oficial del Gobierno de EE.UU.”

No obstante, estos efectivos no se comparan con el próximo desembarco de 3.200 soldados, que “por el armamento que usan, la experiencia que tienen y la preparación que poseen constituirá un verdadero Ejército de ocupación”, advierte el autor.

Contestando a la pregunta sobre el porqué del despliegue de esta vasta acción militar por EE.UU., Espinoza señala que en América Latina “arrecia la lucha antiimperialista” que se expresa en “demandas concretas” como el “respeto a la independencia de nuestros países, la vigencia plena de la soberanía nacional, la recuperación de las riquezas básicas y protección de la biodiversidad”.

A los pueblos del continente les “corresponde actuar con la firmeza y la consecuencia requerida, en una circunstancia en la que está de por medio la supervivencia del continente, agredido por la barbarie imperialista”, concluye el autor.

FUENTE: http://actualidad.rt.com/actualidad/167348-eeuu-enviar-tropas-peru

¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS ENVIA TROPAS AL PERU? (artículo original)

Convenio entre Perú y EE.UU.: ¿Un obstáculo para la unidad latinoamericana?

Si Bolivia tuvo su par de “vende patrias”entre Melgarejo y Goni, Perú también tiene actualmente su pareja de “vende patrias”. Humala también suscribió convenios con Rusia para que instalaran una fábrica de reparación de helicópteros (como Uds. saben Perú utiliza helicópteros y armamento Ruso). Gringos y Rusos en Perú.

Ahora solo faltan los Chinos y no lo digo de manera peyorativa, pero este Sr. Humala esta abriendo las puertas del infierno al dejar entrar nada menos que a 3.200 soldados de EE.UU. con la vieja excusa de lucha contra el narcotráfico. Ahora sí Perú será el próximo “plan Colombia” y los años que se vienen solo serán crónicas rojas.

Aumentaron bases militares extranjeras operativas en América Latina en los últimos dos años.

Desde Bolivia no nos queda otra opción que reforzar nuestra unidad y firmeza para seguir adelante con la revolución del proceso de cambio y no dejar que estas amenazas y las futuras injerencias del “imperio genocida” sean un obstáculo. Xel

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Fiscalía General reencaminará investigación contra Costas a partir de las declaraciones de Tadic y Tóásó

El pasado viernes, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz sentenció con 5 años y diez meses de prisión a Tadic y Tóásó por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en la audiencia ambos imputados vincularon a Ruben Costas con el grupo que lideraba Eduardo Rosza.

La Razón Digital / ABI / La Paz

22:26 / 22 de febrero de 2015

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó hoy que su despacho reencaminará la investigación del caso Terrorismo Dos, contra el exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien fue acusado por el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, de contratar a Eduardo Rózsa para conformar y liderar el grupo de mercenarios que fue desbaratado en 2009.

“Hemos pedido que se puedan tomar las declaraciones de estas dos personas, que lo han hecho de manera voluntaria, vamos a reencaminar esa investigación donde se involucra a Rubén Costas y a otras personas por ser quienes han traído a estos mercenarios a nuestro país, quienes financiaron estos grupos y dirigían reuniones en infraestructuras públicas”, señaló en una entrevista con medios estatales.

El pasado viernes, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz sentenció con 5 años y diez meses de prisión a Tadic y Tóásó por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en la audiencia ambos imputados vincularon a Costas con el grupo que lideraba Rosza.

Según Guerrero, la investigación del caso se reencauzará en el marco de la búsqueda de la verdad histórica de las acciones separatistas y no en base a un “tema político” contra Costas.

“Se trata de esa objetividad y esta investigación viene desde hace años no es de ahora, no es de un escenario electoral, sino se trata de llegar a esa verdad objetiva caiga quien caiga, aquí con esa objetividad que tenemos queremos ver quiénes fueron los que financiaron, los que trajeron a estos grupos separatistas”, argumentó Guerrero en alusión a versiones de Costas sobre una estrategia política para vincularlo con ese caso.

Precisó que esa investigación se enmarca en el caso de Terrorismo Dos y aseguró que “sea Rubén Costas o sean otros, aquí la investigación será de manera objetiva”.

Rózsa y 5 mercenarios veteranos de la guerra de Yugoslavia, entre 1990 y 1995, perecieron durante una operación policial a mediados de abril de 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz.

FUENTE: http://www.la-razon.com/nacional/Fiscalia-General-Costas-Tadic-Toaso_0_2222177771.html

Todos los que hicimos seguimiento a los episodios violentos del 2008 y los que no, pueden constatar a través de misma prensa privada de la capital cruceña, el papel protagonico que tuvo el prefecto de ese entonces en el curso de los acontecimientos posteriores. Todo ocurrió durante su gestión.

Politizar “el caso terrorismo” solo fue parte de la estrategia de defensa para evadir responsabilidades. Que se investigue a fondo y que caiga quien caiga y si al final se concluye que las declaraciones contra Costas son ciertas, muchos no estaremos sorprendidos, menos el “Chapulin Colorado”.  Sería todo un símbolo, un gran ejemplo de la acción de la justicia contra la impunidad, uno entre miles de casos impunes.

Ahora aparece el exfiscal Soza, acusado de extorsión declarando: Exfiscal Soza asegura que Rubén Costas trajo a Rózsa a Bolivia y confirmando lo mismo que dicen Tadic y Tóásó pero tratando de inculpar al Presidente y Vicepresidente por un supuesto encubrimiento a Costas. Aunque sus declaraciones podrían carecer de validez por estar acusado de extorsión, queda casi confirmado que uno de los principales cabecillas de la organización terrorista y que trajo a Bolivia a los mercenarios fue el Gobernador Rubén Costas y que la Sentencia confirma que hubo alzamiento armado en Bolivia. Esto abre un montón de interrogantes respecto a la impunidad con que actuó todos estos años después del 2009, si es que las investigaciones confirman su participación.

Por su parte y siempre con la prepotencia que lo define: Costas niega haber tenido reuniones con Rózsa

Y por estos lados sus acohólitos incluso se tomaron la atribución de declararlo “hijo predilecto”. ^_^

Así esta el mundillo de la politiquería local por estos días, retrógrado y deprimente. Xel

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Beneméritos de la Guerra del Chaco están exentos del pago de servicios básicos

Los beneméritos sobrevivientes de la Guerra del Chaco se liberan de pagar servicios de agua, luz y gas domiciliario. | Foto El Deber

Los beneméritos sobrevivientes de la Guerra del Chaco se liberan de pagar servicios de agua pitable, luz y gas domiciliario. | Foto El Deber

El gabinete ministerial aprobó este miércoles el Decreto Supremo 2268 que reglamenta la ley que exime a los beneméritos de la Guerra del Chaco del pago de los servicios básicos, informó el presidente Evo Morales.

“Este decreto supremo tiene por objeto la reglamentación a la Ley 574 del 11 de septiembre de 2014, donde esta ley exenciona a los beneméritos de la Guerra del Chaco sobre los servicios básicos”, dijo en conferencia de prensa en la ciudad de Tarija, según la agencia estatal de noticias ABI.

Morales recordó que con esa ley los beneméritos, que alcanzan a poco más de un centenar actualmente, “no van a pagar ni la luz, ni gas, ni agua potable”, previo acuerdo con las instituciones que otorgan esos servicios.

“Es una obligación del Gobierno buscar esta clase de políticas sociales”, dijo el Jefe de Estado.

La Guerra del Chaco se verificó entre 1932 y 1935 por el control del Chaco Boreal. Fue la contienda más importante en Sudamérica durante el siglo XX.

Bolivia movilizó a 250.000 soldados y Paraguay a 120.000. Entre los bolivianos hubo 60.000 muertos.

Los sobrevivientes del conflicto se organizaron en instancias departamentales como la Artillería Illimani y la Federación Nacional de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco.

El 8 de agosto de 1954 crearon una organización matriz, la Confederación de Beneméritos de la Guerra del Chaco ConExChaco), con 50.000 excombatientes.

En la actualidad, el número de excombatientes de la Guerra del Chaco, registrados en todo país, es de 162, según la Confederación Nacional de excombatientes de la Guerra del Chaco (ConExChaco).

LINKS RELACIONADOS
FUENTE: http://www.soldepando.com/httpwww-soldepando-comp23318/
Otra gran noticia que seguramente y por obvias razones muchas instituciones privadas que se dicen Cooperativas no querrán que se conozca.
Un pequeño reconocimiento a quienes defendieron Bolivia en la guerra del Chaco de las ambiciones foráneas (no precísamente del Paraguay). Una medida solo posible en un Gobierno Socialista. Xel

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Unidad indaga fortunas de los fiscales

La repartición depende de la Fiscalía General y ya investiga a funcionarios

El fiscal general Ramiro Guerrero. Foto: Ángel Illánes

El fiscal general Ramiro Guerrero. Foto: Ángel Illánes

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán

01:00 / 23 de febrero de 2015

La Fiscalía General del Estado creó la Unidad de Investigación Patrimonial de representantes del Ministerio Público del país; ya empezó las investigaciones hace una semana y trabaja primero con los nueve fiscales departamentales.

La unidad fue creada para transparentar la institución, informó ayer el fiscal general, Ramiro Guerrero, en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.“Ya está funcionando nuestra Unidad de Investigación Patrimonial de Fiscales, que no es una medida desesperada ni improvisada; ésta se la vino trabajando desde hace una año, ya que se evaluaba la base legal y operativa”, afirmó el fiscal Guerrero.

Aseguró que como primer trabajo se está investigando los bienes y cuentas financieras de los fiscales departamentales del país, incluido el Fiscal General. Luego se lo hará con los de materia, posteriormente a todos los fiscales, e incluso a los funcionarios que trabajan en el Ministerio Público.

“Esta unidad depende del despacho del Fiscal General, es personal compuesto, entre ellos por auditores, abogados y un equipo técnico, que empezaron a investigar las cuentas de los patrimonios, los ingresos, egresos de los fiscales”, sostuvo Guerrero.

La primera autoridad del Ministerio Público de Bolivia, aseguró que se espera tener resultados de la primera fase de la investigación en por lo menos dos meses, luego se dará inicio a las otras etapas de indagación.

“No es una simple revisión de la declaración jurada; lo que se hará, por ejemplo, es que se verá el ingreso de un fiscal, que es de 9.000 bolivianos, y de esto no puede ser mayor su ingreso, mucho más comprar bienes o vehículos de lujo, en todo esto tiene que haber una relación”, manifestó.

La medida es también por las denuncias de corrupción que existen en contra de algunos fiscales; dijo que todos deben adecuarse a la revolución que existe en la Fiscalía.

FUENTE: http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/Unidad-indaga-fortunas-fiscales_0_2222177787.html

Es la mejor noticia que rescatamos en términos de lucha contra la corrupción y de fortalecimiento a la justicia.  Ya era hora que se haga algo y desde aquí aplaudimos la medida y esperamos que pronto se haga lo mismo con una exhaustiva investigación de fortunas de todos los funcionarios públicos.

Esto recién comienza y con seguridad que generará mucha información en la lucha contra la corrupción en Bolivia.  Xel

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Caso Terrorismo: Tadic afirma que Rubén Costas trajo a Eduardo Rózsa

Tóáso dice que cruceños los engañaron

Tadic afirma que Rubén Costas trajo a Eduardo Rózsa

Mario Tadic dice que gente de CAINCO y CAO también estaba metida. Foto tomanda de blogspot.com
Viernes, 20 Febrero, 2015 – 18:51

Uno de los sobrevivientes del asalto policial al hotel Las Américas, Mario Tadic, acusó al exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, de traer a Eduardo Rózsa Flores y su equipo a Bolivia.

“Hemos estado apoyando a la gente que estábamos encubriendo, un montón de malos cruceños que nos han engañado. Nos han salido con un cuento, nos han tenido presos cinco años, nos han negociado permanentemente. Llegó el momento de que las cosas se sepan. El Gobernador nos trajo, estaba metida gente de la CAO, de la CAINCO, había metida gente de las cooperativas. De un vez que se sepa, que reviente el ‘puchichi’”, dijo Tadic.

“Fuimos engañados por gente de Santa Cruz y fuimos traídos aquí”, acotó Elöd Tóásó.

El húngaro afirmó que Rózsa se reunió con Costas en una casa blanca en inmediaciones de la plaza 24 de Septiembre.

Ambos se inculparon de participar en el grupo supuestamente irregular liderado por Eduardo Rózsa.  Fueron sometidos a juicio abreviado donde se los condenó a cinco años y 10 meses de presidio.

El 16 de abril de 2009, Tadic y Tóásó sobrevivieron a la acción policial que terminó con las vidas de Eduardo Rózsa Flores, el rumano Árpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Este grupo está acusado de perpetrar un atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas la noche anterior.

Tadic nació en Cochabamba, vivió en Chile,  y participó de la Brigada Internacional que luchó para Croacia bajo el comando de Rózsa. La Comisión Multipartidaria, que investigó el caso, sostuvo que Mario habría sido el contacto del grupo en Europa, además de estar encargado de contratar personal junto a Tibor Révezs.

Además, se acusa a Tadic de ser el segundo hombre del grupo de defensa de Santa Cruz, tras Rózsa, y de tener a su cargo la planificación y estrategia de acción.

Tóásó, por su parte, es un ingeniero nacido en Hungría. Sería el encargado del manejo informático del grupo y sus conexiones a internet. Es amigo de la infancia de Magyarosi, quien falleció en el asalto policial.

El Consejo Supremo

Tadic precisó que el encargado de traer a Rózsa fue “el famoso Consejo Supremo que estaba compuesto por el Gobernador, gente de las cooperativas y gente de las logias”.

Al respecto, el abogado Gary Prado indicó que, cuando fue detenido por este caso, el entonces fiscal Marcelo Soza le mostró una hoja titulada Frente Democrático de Defensa, en la cual estaban enlistados, como parte del Consejo Supremo: Rubén Costas, Branko Marinkovic, Mauricio Roca, Eduardo Paz, Pedro Yohvió y Guido Nayar.

Afirmó que no está comprobada la existencia de este grupo y observó que solamente dos supuestos miembros están imputados: Guido Nayar y Branko Marinkovich, ambos están fuera del país.

Ya cumplieron su condena

El abogado de Tóásó y Tadic, Gianni Prado, aseveró que sus clientes ya cumplieron su condena de cinco años y 10 meses. Ellos fueron detenidos el 16 de abril de 2009, es decir hace casi seis años.

El jurista sostuvo que sólo falta el trámite judicial para que sus defendidos estén libres.

Como ellos, Juan Kudelka también fue sentenciado hoy mediante el mismo procedimiento. Él fue sentenciado a seis años y nueve meses de presidio.

Los tres están en la cárcel de San Pedro. Junto a ellos se encuentra Zvonko Matkovic hijo. Su abogado, Álvaro Melgarejo dijo que el joven “está tranquilo” porque las confesiones registradas hasta ahora no lo afectan.

Hasta que finalmente hablaron los acusados y ahora condenados por “el caso terrorismo”que la prensa cruceña sostiene como un acto de manipulación e injusticia, incluso muchos escribieron libros para sostener semejante mentira que ahora se cae por boca de los protagonistas sobrevivientes del caso y hacen serias acusaciones.

Lo que sigue es meter a la cárcel al “prefectuli” (así lo llama “el loco Percy”), y no solo por este caso, sino también por malversar fondos públicos en un referendo ilegal por los Estatutos Autonómicos “Truchos”.

De las declaraciones públicas de Tádic también surgen preguntas sobre la relación del “Frente Democrático de Defensa” y el partido político recién fundado “Movimiento Demócrata Social”. Serán lo mismo? Será que este nuevo partido esta integrado por todos aquellos fascistas y racistas que desataron la violencia y terrorismo el 2008? Son preguntas todavía sin respuestas para el hoy candidato a la re-re-elección a Gobernador de Scz.  Tádic por su parte, sabe el riesgo que corre al hacer semejante acusación, habrá represalias?

Sin embargo, también sabemos la impunidad continuará y que lo mas probable es que Costas se haga la víctima y utilice el tema en su campaña política, o estamos equivocados?

Terminamos con una frase del “Chapulín Colorado”, que lo resume todo: ”Lo sospeché desde un principio”. ^_^ Xel

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Impunidad y mala praxis médica

La retardación de justicia, la falta de auditores y de una norma, y el retraso en informes son cuatro de las causas.

La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano Cruz

04:47 / 15 de diciembre de 2014

El sábado 28 de agosto de 2010 fue el último día que Adela Ticona Villa estuvo con vida. Dos días antes, la mujer de 29 años acudió al Hospital Obrero de La Paz, de la Caja Nacional de Salud. Los fuertes dolores abdominales y la fiebre no la dejaban de atormentar.

La ecografía no develó la evolución de una peritonitis. La mandaron a su casa con la recomendación de que se presente al día siguiente en el Policlínico de Villa Fátima. Así lo hizo. Fue a la consulta porque los malestares persistían. Su esposo, Richard Mamani, recuerda que ante la insistencia de ella, el médico que la atendió aseguró que no padecía nada, inclusive la llamó “mañuda” y la acusó de intentar acceder a una baja médica. Al final, le recetó unas pastillas que no calmaron su aflicción.

juicio. Por ello, Adela fue a la fábrica donde trabajaba como textilera y pidió permiso a cuenta de vacación. Pero el sábado 28, el suplicio aumentó. A las 20.00, sus parientes la llevaron a Emergencias del Hospital Obrero. Le colocaron sueros y una de las médicas informó que estaba infectada por dentro, que su riñón se encontraba dañado, que le administró antibióticos y confiaba en que por su edad respondería al tratamiento. A las 23.50 murió por un shock séptico (infección en todo el cuerpo) y falla orgánica múltiple.

Su pareja presentó una demanda penal el 5 de septiembre. La abogada Teresa Montaño se hizo cargo del proceso que duró un año; solo llegó hasta la fase de la imputación formal. Ella indica que la causa quedó paralizada porque los parientes de la víctima no tenían tiempo para darle seguimiento. “Pasó como en la mayoría de los casos de este tipo, que se tarda tanto en los estrados judiciales que la gente se cansa y debe proseguir con su vida”.Montaño es especialista en el tema porque impulsó el primer juicio por mala praxis médica en 1994, cuando defendió a Susana Castellanos, una joven de 30 años que quedó en estado vegetal tras ser sometida a una operación de implantes de silicona en las mamas. Un mes antes de su muerte, el juez absolvió de cargos al galeno sospechoso. La impunidad es moneda corriente en historias similares.

En 2013, los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) recibieron más de un centenar de denuncias de negligencia médica y los datos proveídos de la actual gestión apuntan a que se superará este guarismo. Eso no es todo. Hasta octubre de este año, la Unidad de Servicios de Salud del ministerio del ramo acogió 42 solicitudes de auditoría médica externa de posibles casos en establecimientos sanitarios, mientras que en 2013 la cifra llegó a 29. O sea, hubo un incremento de 45%.

Fuentes gubernamentales y expertos identifican al menos cinco factores con los que tropiezan los denunciantes: la retardación de justicia que provoca que los afectados y sus parientes desistan de continuar con los juicios y/o que concilien con los involucrados; la ausencia de una normativa que tipifique esta mala praxis y establezca un procedimiento sancionatorio específico; que los establecimientos de salud tarden hasta ocho meses en entregar la historia clínica u otros expedientes para sustentar la demanda; la falta de especialistas que realicen las auditorías interna y externa, y la dificultad para inhabilitar al galeno que resulta culpable por su “falta de pericia”.

problemas. El presidente del Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica, el abogado Víctor Hugo Llanos, indica que la institución tiene contabilizada al menos una treintena de casos en estrados judiciales que no se resuelven por la demora procesal, porque hay jueces que desconocen el proceso que se debe seguir, al igual que abogados. “La dilatación hace que la gente se desanime”. Su colega Montaño calcula que el 92% de las personas que acude a su despacho para entablar un pleito de esta índole, lo abandona porque son de escasos recursos económicos.

“Pese a que no les cobro honorarios y pago los análisis médicos para la investigación, resulta un gasto alto para ellas asistir cada semana a los juzgados”, explica, y precisa que este tipo de litigios fácilmente requieren una inversión de $us 5.000. Esta burocracia también impulsa a los damnificados o sus familiares a conciliar con los acusados, para evadir este calvario. Así le pasó a Miguel Ángel Miranda, de 22 años, a quien le practicaron un mal trasplante de riñón en el Hospital Obrero de La Paz, situación que le llevó a perder el órgano que le había donado su padre.

Montaño rememora que al inicio del proceso legal y a pedido del afectado, se firmó un acuerdo transaccional con los cuatro profesionales denunciados para que asuman los costos de una segunda intervención quirúrgica, pero solo dos cumplieron con lo que dispuso el juez y Miguel tuvo que prestarse dinero para llevar una vida normal. Y existen otras historias en las que las víctimas o sus allegados desisten de cualquier vía crucis porque simplemente no confían en la Justicia.

Patricia Arze renunció a proseguir con la demanda penal contra un galeno por el fallecimiento de su hijo Fernando Andrés, de seis años, ocurrido en septiembre de 2009, en Cochabamba, porque el médico M.I.G. no detectó que el pequeño padecía la gripe AH1N1, una pandemia que en esa gestión se expandió por el mundo, incluida Bolivia. La madre cuenta que el profesional no tomó en cuenta sus advertencias de que estuvo en aeropuertos de Brasil.

Por ello entabló la denuncia; sin embargo, cuando el litigio debía comenzar, la autoridad judicial decidió que el expediente de averiguación vuelva a fojas cero. “Entonces decidí no confiar en la Justicia del hombre porque lamentablemente no existe y tiene precio. Confío en la justicia de Dios, en la divina, porque esa no prescribe. Desistí del proceso así como mucha gente o víctimas lo hacen”.

ley. No hay datos oficiales sobre el número de estos casos que llegan al Ministerio Público, tampoco respecto a los pleitos que se ventilan en los estrados judiciales y menos sobre la cantidad de galenos sentenciados. No obstante, la diputada Betty Tejada (MAS), quien impulsa la aprobación de una norma que sancione la negligencia médica, revela que hizo un diagnóstico que detectó al menos 250 procesos penales en el ámbito nacional.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Édgar Villegas, tiene conocimiento de que varios de sus colegas soportaron el calvario de los juzgados por denuncias de mala praxis y aunque no sabe cuántos recibieron un castigo judicial, comenta que “es cuestión de ir a la cárcel de San Pedro” para obtener un número aproximado. Aclara que los profesionales involucrados incurren en “impericia” en las acciones que realizan y que las auditorías internas, externas o el peritaje establecen los grados de responsabilidad.

¿Y en qué figuras del Código Penal se apoyan los afectados por negligencia médica para iniciar un juicio? El artículo 270 se refiere a lesiones gravísimas y prevé la reclusión de tres a nueve años si la víctima tiene una enfermedad mental o corporal; debilitación permanente de su salud o la pérdida o uso de un sentido, de un miembro o una función; incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase los 180 días; además de que exista peligro inminente de que pierda la vida.

Igualmente recurren al artículo 271 que trata sobre las lesiones graves y leves, y establece una condena de uno a cinco años de prisión si el perjudicado no puede trabajar entre 30 y 180 días. Si ocurre el fallecimiento del damnificado, se postula el artículo 260, referido al homicidio culposo, que determina una sanción de seis meses a tres años de cárcel. Eso no es todo, Montaño apela también a la tipificación de asesinato en el grado de tentativa, que estipula 20 años de reclusión. “Por analogía he aplicado durante 20 años esos artículos. Así hemos logrado sanciones, resarcimientos del daño para las personas, para que puedan mediante acuerdos transaccionales recuperar la salud perdida”.

La abogada Fátima Soria sostiene que inclusive se puede aplicar el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, que garantiza castigos a las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica, pero remarca que finalmente son jueces y fiscales los que frenan el avance de los pleitos. Ella se unió a las afectadas por mala praxis en 2003, cuando su hija Karla Lorena, de diez años, quedó en estado vegetal después de una operación de ortodoncia que derivó en problemas de amigdalitis. Estuvo postrada en una cama hasta que murió, en 2012.

Actualmente en la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados cursan tres propuestas que buscan fijar el procedimiento y establecer sanciones para los hechos de negligencia médica. El debate sobre este punto quedó relegado para el próximo periodo legislativo. La diputada Tejada, quien perdió este año a su madre por presuntos actos de mala praxis, es la impulsora de uno de los planteamientos e indica que es “absolutamente imprescindible” contar con una ley específica porque cada día se conocen más casos que quedan impunes. “Hasta cuándo va a seguir muriendo gente. La realidad nos está mostrando que es necesario una norma que regule esto”.

A octubre se pidieron 42 auditorías externas al Ministerio de Salud para verificar denuncias de negligencia médica que no tuvieron respuesta satisfactoria en primera instancia. Ello implica un incremento de 45% porque el año pasado las solicitudes alcanzaron a 29, mientras que en 2012 llegaron a 22, según los datos proveídos a Informe La Razón. Más todavía. Desde 2007 se demandaron 209 investigaciones de este tipo. Y de las 42 de la actual gestión, 34 involucran a establecimientos sanitarios de La Paz y de Potosí (más datos en la infografía de la anterior página).

Previo a esta averiguación externa, los servicios departamentales de Salud (Sedes) y el ministerio reciben las quejas por supuesta mala praxis médica en centros privados, públicos, de la seguridad social y de convenio, y generalmente les instruyen una auditoría interna. “En primera instancia, los galenos, las enfermeras del mismo hospital deben hacer la revisión del caso; si están bien en los actos médicos, obviamente después de ese procedimiento se pasa a una comisión de auditoría externa”, dice Henry Flores, director del Sedes de La Paz (Sedes). Mientras que Villegas, representante del Colegio Médico de Bolivia, precisa que en esta etapa se determina el cumplimiento de protocolos y normas para el tratamiento o la intervención quirúrgica de los pacientes.

En cuanto a las denuncias que arribaron al despacho de la Unidad de Transparencia del ministerio, ésta admite mayoritariamente acusaciones de negligencia contra establecimientos de salud de la seguridad social. Hasta octubre recibió 92, de las cuales 70 se encuentran en revisión y 22 fueron atendidas. De estas últimas, dos informes concluyeron que hay indicios para que se inicie una demanda por la vía penal, tres derivaron en procesos administrativos, uno recomendó una auditoría médica y ocho no hallaron irregularidades. No hay datos de años anteriores.

El jefe de esta entidad, Marcelo Sandstein, manifiesta que una vez que se tienen los resultados de la auditoría médica interna y si se determina responsabilidad administrativa en cuanto al trabajo de los galenos o del personal sanitario, su despacho elabora un documento en el que aconseja que el centro de salud involucrado inicie los procesos correspondientes y verifica que se llegue a una sanción. Si hay cargos de tipo penal, el paciente o sus familiares deben comenzar el pleito en instancias judiciales. Y si los afectados o los acusados no están de acuerdo con las determinaciones asumidas, pueden solicitar una auditoría médica externa.

Los Sedes admiten las quejas contra los servicios de salud públicos, privados y de convenio, principalmente. En total, esas reparticiones (excepto la de Beni) recibieron 95 denuncias hasta septiembre y octubre de este año, y en 2013 la cifra ascendió a 105 (ver infografía de la anterior página). La Paz, Santa Cruz y Cochabamba aglutinan la mayoría de casos, con 76. El procedimiento para la resolución de éstos es similar. Cuando se toma conocimiento de una queja, explica Flores, director del Sedes de La Paz, ésta pasa primero por un filtro para verificar si puede haber imprudencia o impericia médica.

CARENCIAS. Posteriormente, se pide que el establecimiento de salud lleve a cabo una auditoría médica interna, que luego es sometida a un proceso de validación por los Sedes. Así pasa en La Paz, Potosí, Tarija, Cochabamba, Pando, Oruro y Santa Cruz. Mientras que en Chuquisaca, complementa el director del Sedes, Martín Maturano, la Unidad de Calidad y Auditoría Médica implementa de oficio una fiscalización al centro sanitario, inclusive si un paciente retorna con malestares a las 72 horas de ser dado de alta o cuando se presenta alguna irregularidad visible.

Si se trata de auditorías externas, estas reparticiones departamentales recurren al Ministerio de Salud, que analiza los informes de las denuncias y puede derivarlas al Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases). Sin embargo, la resolución oportuna de estas investigaciones tropieza con una carencia: la falta de especialistas en auditoría médica, por lo que es difícil que se cumplan los plazos para estos procedimientos, lo que se constituye en una tercera traba para la indagación y/o el castigo de hechos de esta naturaleza.

Por ejemplo, los Sedes de Pando, Oruro, Beni y Tarija no cuentan con expertos propios para cumplir con esta tarea, por lo que recurren al Ministerio de Salud o al Inases. El de Chuquisaca tiene dos decenas de profesionales que se capacitaron recientemente y que fueron la base para la creación de la Unidad de Calidad y Auditoría Médica. El de Cochabamba posee tres profesionales en la materia, de los que dos son permanentes y uno de apoyo. El de La Paz cuentan con ocho auditores médicos, seis de ellos están acreditados en el ámbito nacional y dos en el departamental. Y en el Sedes de Potosí fueron preparados 15 técnicos para esta labor.

Eso sí, las auditorías externas son asumidas generalmente por los especialistas del despacho de Salud. “Sabemos que en la Unidad de Calidad del ministerio tampoco hay muchos auditores médicos, por eso es que ellos mandan (las averiguaciones) al Inases”, sostiene Flores. Precisamente esta carencia retrasa la entrega de los informes de casos de supuesta negligencia en los plazos determinados, ratifica Sandstein, de la Unidad de Transparencia.

“Entonces los resultados no son tan prontos, existe un promedio de cuatro, cinco meses, normalmente, pero no menor a tres meses”. Incluso ese término suele extenderse a seis meses, según directores de los servicios departamentales de Salud entrevistados por Informe La Razón. Sandstein considera que estas entidades deben subsanar la falta de estos expertos para no solicitar una revisión de los informes al ministerio, que así solo se encargaría de las auditorías externas. “Si en algún momento se les plantea esa dificultad, lo que responden es que no hay muchos especialistas en el medio para contratarlos”.

El Colegio Médico de Bolivia remarca que los doctores deben tener una trayectoria de al menos diez años para ser auditores en su área. Sin embargo, la abogada Montaño no recomienda la realización de auditorías médicas internas ni externas en casos de mala praxis. ¿Por qué? Porque son los mismos profesionales de la medicina los que efectúan estas investigaciones y “siempre encuentran respuestas científicas” a las actuaciones de sus colegas, o sea, el sector participa como “juez y parte”.

De acuerdo con las fuentes consultadas, a este problema se suma que los hospitales demoran hasta ocho meses en la entrega de la historia clínica, un documento que contiene información clave sobre la atención que se le dio en su momento a la posible víctima de negligencia. Complementan que un plazo similar tarda el trámite del certificado médico forense en el que se establecen los días de impedimento de los afectados que sufrieron lesiones.

Hay más. Si se superan estos obstáculos y los perjudicados o sus parientes logran una sentencia tras demostrar la culpabilidad del galeno demandado, éste retoma su labor tras cumplir la condena, sobre todo si el fallo le da una pena menor y el acusado se acoge al perdón judicial o la suspensión condicional de la pena. Sandstein denuncia que hay un caso en Potosí, donde un médico de la Caja Nacional de Salud condenado a tres años de prisión por impericia en su profesión, sigue laborando en el mismo lugar y cumple la misma función.

Solamente fue sancionado por un proceso administrativo, con 15 días de suspensión sin el goce de haberes. “El señor está todavía fungiendo en el mismo cargo, en el mismo horario, en la misma especialidad. Son temas que nos preocupan como ministerio”. Postula que el involucrado debería abandonar su puesto porque se le probó un hecho delincuencial, pero su dependencia se encuentra con las manos atadas. “Lo que no se puede, por mandato de la Constitución Política, es privarle del derecho al trabajo”.

Villegas subraya que en los casos de “imprudencia” médica no se actúa con premeditación y, por ende, no se puede restringir a un galeno que cumplió la sentencia en su contra para que acceda a una fuente laboral o reasuma la que tenía. Y añade que el Colegio Médico de Bolivia no puede inhabilitarlo de por vida o retirarle su carnet para ejercer, sino que el Tribunal de Ética le puede dar otras sanciones. Es otra de las limitaciones en este vía crucis que padecen los afectados por la negligencia médica.

FUENTE: http://www.la-razon.com/suplementos/informe/Impunidad-mala-praxis-medica_0_2180781946.html

Desde el momento en que la ayuda al prójimo se rentabilizó, la salud pasó a ser un negocio mas y era inevitable que llegara a gestionarse bajo las reglas propias del mercado y los negocios que como Uds. saben se rigen por la oferta y demanda, la vida, la salud del individuo es solo una mercancía mas.

Es una errónea interpretación sobre el dar y recibir, una exageración de este simple acto que degeneró en esta horrenda práctica instalada en nuestra sociedad.  Por eso existen hospitales privados, hospitales de primera y última categoría, etc., etc.

Soñar con un mundo en que ayudar al prójimo sea tan gratuito como saludar o respirar y que tengamos una educación orientada hacia la solidaridad, no cuesta nada, verdad?

Esto significaría la desaparición de muchas profesiones médicas, pero no de los hospitales. Como sea, tan solo imaginen que todos seamos doctores y sepamos como cuidarnos o alimentarnos, sería mas difícil enfermarnos, no? También dejaríamos de soportar a “los vendedores de salud y salvación” en las flotas. ^_^ Xel

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Venezuela desarticula intento de golpe avalado por EEUU

notas.org.ar

El gobierno bolivariano informó que fueron evitados ataques con un avión militar, articulados en un mismo plan con acciones mediáticas y políticas. Los puntos en la mira incluían el palacio presidencial de Miraflores, el ministerio de Defensa y Telesur. Siete oficiales de la fuerza aérea fueron detenidos en Caracas. También se encuentran implicados dirigentes políticos de la derecha venezolana y altos funcionarios de EEUU.

La fecha elegida, el 12 de febrero. A un año del comienzo de las guarimbas que intentaron el derrocamiento del gobierno bolivariano. El nombre del plan: Operación Jericó. Los detenidos son generales y tenientes de la Aviación, que contaban con financiamiento y dirección de sectores civiles.

La cadena de eventos se activaría con la publicación de un manifiesto en periódicos de circulación nacional, firmado por prominentes figuras de la derecha, ya implicados en #LaSalida. Ese mismo día, un grupo de “jóvenes estudiantes” generararían disturbios en el barrio de la familia de Maduro. Esto sería convenientemente difundido por CNN y otras cadenas, preocupadas en instalar la supuesta “ilegitimidad y represión del régimen”. En ese contexto, al menos un avión militar sobrevolaría Caracas y atacaría varios puntos clave, mientras se difundía un pronunciamiento que ya estaba grabado en video y convocaba a la rebelión militar.

La derecha venezolana y el gobierno de EEUU

El plan, abortado pocas horas antes de su ejecución, se basaba en un programa político muy claro, contenido en la declaración que activaría el golpe. Disolución de los poderes públicos, designación de una nueva directiva de PDVSA, “insertar al país” en los circuitos financieros internacionales, privatizar las empresas básicas, resarcir a los empresarios expropiados por el proceso revolucionario, son algunos de los puntos que orientaban la restauración conservadora, dirigida a borrar los avances sociales de los últimos quince años.

Hasta el momento se sabe que el manifiesto -que convocaría a un “gobierno de transición”- estaba firmada por Antonio Ledezma, Leopoldo López y María Corina Machado, entre otros dirigentes con pasado y presente alineado con los intereses de EEUU y poco apego a la “democracia”. Los tres fueron activos partícipes del revertido golpe de abril de 2002 y el año pasado, los principales convocantes a #LaSalida, que culminó con 43 personas asesinadas, varias de ellas a causa de disparos efectuados por francotiradores expertos.

Además de las caras visibles de siempre, otros altos dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) aparecen involucrados en graves acusaciones. Según surge de la declaración judicial de uno de los detenidos -el general de división Maximiliano Hernández-, la persona que eligió los “objetivos tácticos” que serían atacados por el avión Tucano es el diputado Julio Borges. Se trata de uno de los principales dirigentes de Primero Justicia, el partido conducido por Henrique Capriles. Según el testimonio, durante enero Borges participó en numerosas reuniones donde se definieron los detalles del plan y en ese contexto eligió los objetivos.

En su denuncia al país, el presidente Nicolás Maduro acusó directamente al gobierno de Estados Unidos de estar financiando, organizando y protegiendo a los actores del intento. Entre otras informaciones, reveló que a los oficiales implicados en los últimos días se les concedió la visa norteamericana, ante la eventualidad de que el plan fracasara.

Pocas horas más tarde, los dirigentes Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez señalaron a la Encargada de Negocios de la Embajada de EEUU, Kelly Keiderling, como el principal enlace en el país entre el gobierno norteamericano y los golpistas.

De acuerdo a las declaraciones en sede judicial de José Gustavo Arocha Pérez, otro de los detenidos, se trata de una continuación del plan decidido en la llamada “Fiesta mexicana”. Allí participaron él mismo y el general Ascanio Tovar, junto a organizadores y financistas como Gustavo Tovar Arroyo, Pedro Burelli, Jon Goicoechea y dirigentes de partidos de derecha, entre ellos Freddy Guevara, de Voluntad Popular.

En reuniones posteriores en EEUU, también participó Peter Ackerman, discípulo de Gene Sharp e influyente “asesor” de los planes de EEUU en Siria y en Ucrania.

Burelli, Diego Arria y María Corina Machado mantenían comunicación permanente entre sí y con altos funcionarios del Departamento de Estado, como ya se había conocido durante 2014 mediante la difusión de correos electrónicos.

En las computadoras de los oficiales detenidos se encontraron fotos de los puntos a bombardear, además de fusiles R15, granadas, pistolas y uniformes y teléfonos “que continúan hablando”.

Según se informó, el avión no se activaría desde Venezuela, sino que se utilizaría algún país limítrofe para el despegue. Por esta razón, durante la jornada del jueves el gobierno bolivariano se comunicó de urgencia con el Reino de Holanda -colonizador de las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Bonaire, a pocos kilómetros de la costa venezolana- y se intentó comunicar con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sin poder lograrlo.

“Necesario es vencer”

“No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer”, repitió el presidente Maduro, recordando al patriota José Félix Ribas, artífice de la resistencia al colonialismo español. Con esas palabras, Ribas arengó a las tropas antes de la batalla de la Victoria, uno de los combates decisivos de la gesta independentista, ocurrido el 12 de febrero de 1814.

“En cualquier escenario que venga, tenemos que garantizar la victoria de la revolución, de la Patria, de la independencia”, planteó Maduro. “En cualquier escenario. No puede haber un nuevo 11 de abril (de 2002). El 13 tiene que estar antes”.

Maduro aseguró que buscaba estar “uno o dos pasos antes” de los planes golpistas, pero que ante cualquier eventualidad que implicara su desaparición, el pueblo debía salir a la calle con fuerza a defender la democracia y acelerar la revolución. “Desde mi corazón, si me pasara algo los llamo a decretar un 13 de abril civico militar y responder al golpe de Estado con toda la fuerza popular, y acelerar la Revolución, radicalizarla al más alto nivel. Es una orden que les doy. ¡Vacilar es perder!”.

El 12 de febrero

Mientras se producían nuevas detenciones, pero antes de que los hechos tomaran estado público, movilizaciones de signo opuesto recordaron las guarimbas, iniciadas simbólicamente con el ataque a la sede del Ministerio Público, exactamente un año atrás.

Ante el aniversario, la derecha apareció fragmentada y con escasa convocatoria. En la capital, sus actividades principales fueron una asamblea en la Universidad Central de Venezuela y una débil movilización por el este de la ciudad. Mientras tanto, la juventud chavista se concentró en las principales ciudades en gran número. En Caracas, cientos de miles de jóvenes marcharon atravesando el centro, recordaron a Robert Serra -joven diputado asesinado en 2014 por el paramilitarismo- y manifestaron su compromiso con la Revolución y la defensa de la democracia.

Fuente: http://notas.org.ar/2015/02/13/venezuela-desarticula-intento-golpe-estado-eeuu/

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195436

Desde aquí nos enteramos e hicimos el seguimiento de esta denuncia gracias a TeleSur que a estas alturas esta cumpliendo el rol mas importante en la defensa de la democracia en nuestro continente frente a las intenciones e intereses del “imperio genocida”de EE.UU. Es precisamente por esto que uno de los objetivos del golpe de Estado era TeleSur. Yo soy TeleSur, lo explica muy claro. Por ello, tenemos que fortalecer y crear nuevos medios similares a TeleSur.

Todavia no podemos “andar con pies propios” en el continente, ningún país es completamente independiente, todos dependen del exterior (EE.UU. Europa principalmente). Ese es o debería ser nuestro objetivo para este milenio, “caminar con pies propio” hacia un mundo diferente, necesariamente mas racional y coherente. Xel

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